Gobierno anuncia nuevas reglas para el transporte automotor de cargas

El presidente de la Nación, Javier Milei, emitió un nuevo decreto que modifica la Ley N° 24.653 sobre transporte automotor de cargas, con el objetivo de “reducir la carga burocrática y eliminar barreras en el sector”.

La nueva normativa establece la digitalización del proceso de inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), ahora gratuito y sin necesidad de presencialidad.

Solo se podrá requerir la siguiente documentación para la circulación de vehículos dedicados al transporte interjurisdiccional de cargas:

1. Constancia de inscripción en el REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (RUTA) en formato digital o físico.
2. Constancia de realización de la revisión técnica obligatoria, la que se acreditará mediante la oblea que deberá ser adherida en el parabrisas o cualquier otro instrumento que, a tal fin, determine la Autoridad de Aplicación.
3. Licencia Nacional de Conducir vigente para el tipo de vehículo que conduce.
4. Documento de transporte, carta de porte o guía, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.653. En caso de transporte internacional la documentación determinada por los Acuerdos, Tratados y Convenios.
5. Cédula de Identificación del Automotor.
6. Constancia física o digital de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios.
7. En los casos de vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, la documentación específica exigida por la normativa vigente en la materia.
8. En los supuestos en que el tránsito requiera de un permiso especial de circulación, el instrumento que acredite la concesión del referido permiso.

El gobierno también eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). En este sentido, ya no será requisito esta licencia para transportistas que operen entre jurisdicciones.

La supervisión del cumplimiento de estos requisitos estarán a cargo de la Autoridad de Aplicación o de quien ésta delegue. “Ninguna autoridad provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá imponer requisitos adicionales a los transportistas que se encuentren bajo este régimen”, detallan en el comunicado.

“La RUTA es un trámite absurdo, puramente con fines estadísticos, que era caro y engorroso de realizar. Ahora pasa ser un registro digital y gratuito. Se evitan días de trabajo perdidos y los transportistas ahorran dinero que iba a la casta”, afirmó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de un tweet.

Para los efectos de esta reglamentación, se considerará que existe transporte automotor de cargas cuando la capacidad de carga del vehículo involucrado en la actividad sea superior a 3.500 kilogramos, y en el caso de acoplados o remolques, a partir de 750 kilogramos. Quedan excluidas de esta reglamentación las casas rodantes, ya sean remolcadas o autopropulsadas, sin límite de peso.

Asimismo, el proceso de inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) será de carácter electrónico, declarativo, gratuito y no requerirá presencialidad. Este decreto entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

“El transporte de cargas desempeña un papel esencial en el desarrollo productivo del país, por lo que es crucial implementar medidas que disminuyan la burocracia y eliminen obstáculos para facilitar la actividad, siguiendo los lineamientos generales establecidos”, aseguran.

El transporte automotor de cargas sin la inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) será penalizado con una multa de entre una (1) y cinco (5) unidades. Además, el dador o tomador de carga que contrate servicios de transporte de una empresa no inscrita en el registro también será considerado responsable de manera solidaria. La multa será anulada si el infractor inicia el proceso de inscripción en el registro dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la infracción.

La Ley Nº 24.653 establece el marco regulatorio para el transporte automotor de cargas, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro y económico, que cuente con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda y funcione con precios libres.

En este contexto, se establece que el Estado Nacional debe garantizar que “ninguna disposición a nivel nacional, provincial o municipal interfiera o dificulte, de manera directa o indirecta, los servicios de transporte automotor de cargas interjurisdiccional, con excepción de los impuestos nacionales”.